El gasto público será efectivo para reactivar la economía en la medida en que se rija por criterios de transparencia y eficiencia. A nivel nacional y territorial se hacen anuncios de billones de pesos que se invertirán en los próximos años; sin embargo, estos generan inquietudes sobre el detalle de los proyectos como el monto, fuente de financiación, estado, cronograma, resultados esperados y responsables. Las malas prácticas en esta materia son ampliamente conocidas, lo que se ha visto reflejado en esfuerzos efervescentes, inversiones que no son socialmente rentables, elefantes blancos y múltiples cuestionamientos. Cada peso debe generar el máximo beneficio para los ciudadanos.
Ante estos grandes desafíos, a finales de 2018 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) generó una gran expectativa con el lanzamiento de la plataforma web “MapaInversiones”, que busca visibilizar todos los proyectos de inversión pública, independientemente de su ejecutor o fuente de financiación. De esta manera, cualquier ciudadano podría hacerle seguimiento a los diferentes proyectos en cada una de sus etapas. En la teoría, una poderosa herramienta de transparencia.
En la práctica, MapaInversiones deja mucho que desear. Un alto porcentaje de funcionarios del gobierno nacional y local, contratistas e interventores, no saben que esta plataforma existe y jamás la han consultado. Como ciudadano, traté de buscar el proyecto de la variante de San Gil que vale 183.000 millones y luego de innumerables consultas me informaron que debía conocer el número “BPIN”, una especie de cédula del proyecto. Para eso, debía hacer una petición formal al DNP. La plataforma tampoco permite visualizar muchos de los proyectos de las entidades territoriales. Ni siquiera permite descargar una base de datos para consultar los proyectos.
Una plataforma interesante es “Aniscopio”, la cual es manejada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Esta página web permite conocer información precisa de los proyectos como el nivel de retraso de las obras. Por ejemplo, evidencia que el retraso de la vía Bucaramanga-Pamplona, que tiene un monto de 1,1 billones, llega al 35%. Sin embargo, sobre proyectos estratégicos para Santander como la Troncal del Magdalena o la APP del Río Magdalena no hay cronogramas. Es lamentable que los ciudadanos no puedan conocer el avance de los proyectos en sus territorios. Este es el momento en que la transparencia, pertinencia y eficiencia del gasto público deben ser una realidad más que nunca.
