El año pasado culminó con una excelente noticia para Santander: la firma del convenio marco “Vías de Los Comuneros” por parte del INVIAS, la UPIT, bajo el liderazgo de la ministra de Transporte, María Constanza García y las gobernaciones de Santander, Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander. El empeño del general Díaz Mateus, bajo su estrategia de Acción Unificada, genera frutos. La labor de la bancada parlamentaria santandereana en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, permitió establecer como uno de los principales proyectos para el departamento la “construcción de la doble calzada Barbosa-Piedecuesta”, y la coordinación de la gobernación logró iniciar la materialización de este anhelo histórico. Qué grato evidenciar un trabajo mancomunado entre congresistas, líderes sociales, alcaldes, múltiples gobernadores, sector privado y gobierno nacional.
No sobra recordar que Santander ocupa el deshonroso puesto 23 entre los departamentos en porcentaje de vías primarias en buen estado, pese a que es la cuarta economía que más le aporta a la nación. Con la firma de este convenio, el recaudo de los peajes de Oiba, Curití y Curos permitirá apalancar un crédito por más de 2 billones de pesos con el fin de ejecutar importantes obras para este corredor, como las variantes de San Gil y Socorro, los intercambiadores del Buey y Malpaso en Floridablanca, la rehabilitación de 50 km de vía y puntos críticos, la construcción de 38 km de terceros carriles de adelantamiento y de 5 puentes peatonales, entre otros proyectos.
Luego de que Santander perdiera más de 2 billones de pesos producto de la liquidación de la concesión de la vía Bucaramanga-Pamplona, se esperaba que el gobierno nacional tuviera en cuenta al departamento. El corredor Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga-Bogotá es una prioridad nacional y el programa “Vías de los Comuneros” es un paso significativo en esa dirección. La Troncal Central es una vía que había brillado por la falta atención del gobierno nacional.
No obstante, quedan algunas inquietudes: ¿Cuándo realmente lo que se recaude a través de estos peajes tiene destinación específica? ¿Quién va ser el operador y qué capacidades tiene? ¿Cuál es el cronograma de las obras? ¿Qué va a pasar con la variante de Oiba y los tramos en doble calzada que ya cuentan con estudios? ¿Quién va a prestar la plata? ¿Cómo se va a conformar el Comité Directivo? ¿Será mejor estructurar una APP? ¿Es suficiente la inversión de 2 billones para la ampliación de la vía y su mantenimiento? ¿Se necesitan recursos adicionales que podrían provenir del presupuesto general de la nación y valorización? La versión actual del convenio 1113 “Vías de la Cigarra” bajo la operación de Findeter evidencia grandes aciertos. Urge el inicio de las obras.
