El pasado primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el gobierno nacional presentó ante el Congreso la justificación de la Consulta Popular, que busca principalmente “recuperar los derechos laborales de los trabajadores y promover su bienestar y el de aquellos segmentos más vulnerables de la clase trabajadora”. Son 12 preguntas que vale la pena analizar en detalle. Este ejercicio de participación ciudadana costaría alrededor de 600.000 millones de pesos.
Pese a que la redacción de las preguntas podría ser mejor, hay dos propuestas (la uno y la dos), que son relativamente precisas: bajar la hora máxima de la jornada laboral diurna de 9 p.m. a 6 p.m. y aumentar el recargo de dominicales y festivos del 75% al 100%. Casi la mitad de las preguntas son abstractas o, aunque evidencian propósitos loables, dejan dudas sobre cómo se van a materializar. La pregunta tres busca que las empresas reciban incentivos para sus proyectos productivos. La siete, que los trabajadores de plataformas de reparto tengan seguridad social. La ocho menciona la necesidad de garantizar los derechos laborales y un salario justo a los trabajadores agrarios. La diez pretende que ciertos trabajadores (madres comunitarias, artistas, etc.) sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social. La once señala que los contratos a término indefinido sean la regla general. En estas preguntas pareciera que no se está decidiendo nada concreto.
Hay otro grupo de preguntas sobre las cuales sería útil tener más detalles. La cuatro menciona la necesidad de obtener permisos para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes. ¿Acaso hoy las personas no pueden atender tratamientos médicos? La pregunta cinco establece que las empresas deben contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores. ¿Cómo ha sido la implementación de esta norma en el sector público? La seis busca que los aprendices del SENA e instituciones similares tengan un contrato laboral; la nueve, eliminar la tercerización laboral mediante contratos sindicales; y la doce habla de crear un bono pensional para campesinos.
No hay un análisis de los costos y beneficios de cada uno de los puntos. En la página 18, sin mayor sustento, se afirma que, según el Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo, la reforma podría generar 91 mil empleos. Para Fedesarrollo, se perderían 450.000 empleos y se aumentaría el desempleo y la informalidad. Al mismo tiempo que el documento señala que la consulta mejora la productividad laboral, también admite que esta no está relacionada de manera explícita con la reforma laboral. Se necesitan más datos, más pedagogía y más debate. Es una lástima que no se incluyan propuestas claras que unan al país alrededor de la generación de empleo formal.
