Hoy nadie debería extrañarse de que la ciudadanía exija de los gobernantes transparencia, accesibilidad, participación, diálogo y rendición de cuentas. Estos principios en la forma de gobernar se resumen en el concepto de “gobierno abierto”. ¿Y si se le exigiera lo mismo a la justicia? Seguramente, el solo hecho de hacer la pregunta, para algunos, sorprende e incomoda. Como bien lo ha señalado la abogada y politóloga Sandra Elena, “históricamente, el Poder Judicial ha sido uno de los menos sometidos al escrutinio público. La Justicia es considerada como el poder más conservador, formalizado y jerárquico del sistema democrático”.
En buena medida, esta situación ha hecho que la justicia en Colombia se caracterice por su opacidad y paquidermia. No en vano, según la última encuesta de Invamer, el 80% de los colombianos tiene una imagen desfavorable del sistema judicial y la tendencia es creciente. En este sentido, es muy pertinente el esfuerzo que viene realizando el sector privado, particularmente a través de la Red de Ciudades Cómo Vamos, por analizar la percepción y el funcionamiento del sistema judicial. Gracias a esta labor, recientemente se publicó el informe “Justicia Cómo Vamos”, en el cual se presenta una radiografía entre 2018 y 2019 de 17 ciudades del país, incluyendo Bucaramanga, Piedecuesta y Socorro.
Según este informe, en promedio el 47% de las personas de las ciudades santandereanas analizadas no acudieron a ninguna entidad para solucionar sus conflictos. Las principales razones fueron la demora en resolver los casos (54%) y la desconfianza en las entidades (22%). Esta percepción coincide con los últimos resultados de los indicadores de competitividad para Santander y el Área Metropolitana de Bucaramanga, en los cuales se muestra que estamos entre los territorios más rezagados en materia de eficiencia de la justicia.
De ahí que sea urgente que se tomen medidas para acercarla al ciudadano. Lo mínimo es que las autoridades locales de las ramas Judicial y Ejecutiva se pronuncien al respecto. Voces como las de la magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, Ana María Ramos, dan cuenta de que sí es posible implementar acciones hacia una justicia abierta, por ejemplo, a través del fortalecimiento de las redes sociales y la traducción de sentencias a lenguas indígenas. La grave situación que afrontamos nos debe sacudir a todos.
