Santander no admite más improvisación en el manejo de la inversión pública ante su débil situación económica y social.
Entre 2015 y 2018, el crecimiento económico del departamento fue de 1,4 % en promedio, versus 2,2 % a nivel nacional, y la pobreza monetaria aumentó 12 %, mientras que a nivel nacional disminuyó el 3 %.
A este panorama se suma la desaceleración económica producto del coronavirus, un peso devaluado y la fractura de la conectividad vial debido a las avenidas torrenciales.
Cada peso debe generar la mayor rentabilidad social posible, garantizando transparencia y eficiencia. Sin embargo, Santander se caracteriza por lo contrario.
De los 102 proyectos presentados al Departamento Nacional de Planeación (DNP) desde 2018 para verificación y financiación con regalías, el 57 % no cumple requisitos. Sobre los demás proyectos, que son la mayoría, no hay datos consolidados y se estima que la verificación es menos rigurosa, dado que la hace la misma entidad territorial.
Asimismo, la ejecución de los proyectos ha sido deficiente, lo que lleva al departamento a ocupar el puesto 23 entre 33 regiones, según el Consejo Privado de Competitividad.
De acuerdo con el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías del DNP, la Gobernación tiene a su cargo 190 proyectos que suman más de un billón de pesos y obtiene una calificación “insuficiente”. Tiene 124 alertas por mal reporte de información, 11 proyectos con suspensión de giros y 5 proyectos críticos que suman 86 mil millones de pesos.
Entre estos últimos está la incorporación de nuevas atracciones en el parque recreacional INDERBA, la construcción del puente La Colorada en Simacota y la PTAR de Aratoca.
Otros proyectos, como el parque El Santísimo, tienen graves cuestionamientos. De acuerdo con una evaluación del DNP, El Santísimo, que costó 60.000 millones, presenta una relación costo-beneficio de 0,41; es decir, no es rentable. Por cada 100 pesos invertidos, su retorno es de 41.
Ojalá que:
- Antes de pensar en nuevos parques, se haga una evaluación de los existentes.
- La Gobernación y demás entidades sean reconocidas por obtener un puntaje alto en ejecución de proyectos.
- Se fortalezca el comité consultivo.
- Se establezca una metodología transparente de priorización de proyectos que permita destinar los recursos a las inversiones más productivas.
