En el marco de la cumbre de gobernadores, que se llevó a cabo esta semana en Villa de Leyva, la Red Pro, conformada por 11 organizaciones Pro del país (Prosantander, Proantioquia, Propacífico, Proboyacá, etc.), le presentó a los mandatarios departamentales una agenda de 40 proyectos estratégicos para el desarrollo de Colombia desde las regiones. Esta agenda, que surgió del IV Encuentro de la Red Pro, que tuvo lugar en Bucaramanga el pasado noviembre, busca superar la pobreza, aprovechar las ventajas comparativas, potencializar las vocaciones productivas y particularmente, crecer. De esta manera, más de 500 empresas de diferentes regiones se han unido alrededor de una priorización de proyectos que trascienden los límites político-administrativos de cada departamento.
Si bien los 10 gobernadores presentes en esta reunión manifestaron una gran receptividad a la propuesta y la voluntad de realizar una alianza con el sector privado para su promoción, hubo un razonable escepticismo. Los mandatarios señalaron que actualmente es difícil impulsar estos proyectos dado que el gobierno nacional ni siquiera les ha girado los recursos del 2024 para la alimentación escolar; hay demoras significativas en los ministerios para la viabilización de proyectos; las regalías han disminuido; la rotación del personal en el gobierno nacional limita el avance de iniciativas; y la seguridad se deteriora cada vez más. De hecho, el segundo día de la Cumbre fue cancelado dado que varias de las autoridades citadas debieron atender la crisis de orden público que vive el país.
Paradójicamente, el tan anunciado aumento del 24% al 39,5% de las transferencias de la nación hacia las regiones parece quedarse en el papel, al estar sujeto a la aprobación de una ley de distribución de competencias, en la que no se ve mucho interés. Además, esta nueva asignación de funciones implicaría un recorte de la burocracia del gobierno central, cuando lo que ha sucedido es todo lo contrario. Pero, por otro lado, el gobierno radica mensaje de urgencia sobre la aprobación de proyecto de ley que prohíbe los yacimientos no convencionales (fracking), una técnica exitosa en el mundo que como mínimo triplicaría las reservas de petróleo y de gas, y que disminuiría en un octavo las emisiones de carbono. Mientras tanto, el país ha aumentado las importaciones de gas (extraído a través de fracking) y se ha disparado la factura del gas en los hogares.
Es decir, ¿descentralización sin recursos e incrementando la burocracia del gobierno central? ¿Redistribución de competencias sin ejercer la principal competencia de la nación: la defensa nacional? ¿Cuidar el medio ambiente aumentando las emisiones de carbono? ¿Prohibición del fracking importando gas extraído con fracking? ¿Lucha contra la pobreza incentivando la pobreza energética, limitando los recursos de la alimentación escolar y obstruyendo el crecimiento económico?
