Cada vez se intensificaban más las preocupaciones sobre el suministro de energía en el país. Esta semana el presidente de Ecopetrol anunció que los colombianos se deben preparar para un aumento del precio del gas, y que debido a la reducción de los embalses, se decidió suspender temporalmente la venta de gas vehicular a 13 empresas distribuidoras, para destinarlo a la generación de energía eléctrica a través de plantas térmicas. De esta manera, las filas de carros en las estaciones de servicio se dispararon ante la incertidumbre en la distribución del combustible.
Por otro lado, un juez en Santa Marta decidió suspender la exploración y explotación del proyecto de gas Uchuva 2, ubicado a 32 km de la costa colombiana, en el mar Caribe, debido a que no se había realizado una consulta previa, cuando el Ministerio del Interior había certificado la inexistencia de comunidades impactadas en el área de influencia. Este proyecto permitiría recuperar la autosuficiencia energética que perdió el país luego de 45 años y evitar el aumento de la importación de gas.
Asimismo, el presidente de la Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA) alertó acerca de la falta del giro del subsidio que reciben un millón de personas de bajos ingresos y que se ubican en zonas alejadas con el propósito de acceder a mejores tarifas del gas en pipeta o cilindro. Y la presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) no descarta un riesgo de apagón, dado que las estimaciones del déficit de energía eléctrica tienden a aumentar.
Paradójicamente, Colombia es un país inmensamente rico en fuentes de energía renovable y no renovable, lo que le permitiría cubrir con creces sus propias necesidades y apoyar a otros países, siempre y cuando exista una adecuada gestión de los recursos naturales. Un departamento que puede contribuir de manera significante en aportar una solución a esta problemática es Santander.
El departamento cuenta con abundantes cantidades de gas, petróleo y energía solar. Sin embargo, cada vez más, perdemos representatividad en el país.
A nivel nacional, no se evidencia un ambiente que genere seguridad jurídica y que permita agilizar inversiones a partir de un análisis científico y por fuera de consideraciones dogmáticas.
A nivel regional, los trámites de construcción y de licenciamiento ambiental se duermen en las corporaciones autónomas y administraciones locales. Por ejemplo, no hay razón para que Santander todavía no aparezca en el mapa de proyectos solares a gran escala.
Este debate no solo requiere que las entidades nacionales se pronuncien al respecto, sino también las administraciones y actores locales. ¿Por qué someternos a la pobreza en un país tan rico?
