Esta semana el DANE, junto con la FAO, presentó los resultados de la encuesta más amplia que se ha hecho en América Latina para medir la seguridad alimentaria, la cual fue aplicada a más de 242.000 personas en 2024. A nivel nacional, se estancó la inseguridad alimentaria afectando al 25,5% de los hogares en Colombia, es decir, a 14,4 millones de personas. Sin embargo, mientras que en las cabeceras disminuyó del 25% al 23%, en las zonas rurales aumentó del 31% al 34%.
La buena noticia es que Santander, excluyendo a Bogotá, fue el departamento con la segunda tasa más baja de inseguridad alimentaria. El primero fue Caldas, con 12,8% de los hogares, y luego le siguió Santander con 16,2% (396.000 personas). Además, Santander evidenció una de las reducciones más significativas, dado que en 2023 alcanzó el 23%, ubicándose en el onceavo lugar. Eso significa que en el departamento 177.000 personas dejaron de estar en condición de inseguridad alimentaria entre 2023 y 2024. Estas cifras coinciden con una reducción de nacidos con bajo peso y de la tasa de mortalidad infantil por desnutrición.
Sin embargo, los desafíos en esta materia siguen siendo grandes para los hogares santandereanos: en los últimos 12 meses, 31% presentó preocupación por no tener suficientes alimentos que comer; 25% no pudo consumir alimentos saludables o nutritivos; 10,4% presentó al menos un integrante del hogar que tuvo que saltar una comida; 16,5% comió menos de lo que pensaba que debería; y 2,2% tuvo un integrante que no comió durante un día entero. Igualmente, cerca del 60% de los santandereanos evidencia sobrepeso.
De ahí, la importancia del reciente lanzamiento de la Hoja de Ruta para la Transformación de los Sistemas Alimentarios de Santander bajo el liderazgo de la Gobernación, la UDES y Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo (FOLU). Este es un documento no se puede quedar en el papel. Vale la pena enfocar esfuerzos a partir de una mirada integral desde la producción hasta el consumo de los alimentos, empezando por un adecuado ordenamiento del territorio. Según la Corporación Autónoma de Santander (CAS), 73% de los municipios bajo su jurisdicción no cuentan con planes de ordenamiento territorial actualizados.
Bajo esta perspectiva, y entre otras medidas, es necesario reactivar la producción de fertilizantes. La seguridad debe garantizarse en las ciudades y en el campo. La mitigación de riesgos de desastres naturales debe ser una prioridad. Hay que evitar que sigan aumentando los precios de la energía, y especialmente del gas. Debe fortalecerse la conciencia de una adecuada alimentación. Se requiere que los programas de alimentación escolar incorporen indicadores de nutrición. Santander debe ser un territorio saludable y libre de hambre.
