Es desgarrador ver la imagen de Dilan Jaimes, un bebé de 9 meses, luego de haber estado durante 8 horas bajo el lodo, producto de la avalancha ocurrida el 25 de febrero en Piedecuesta (Santander). Su papá, Fabián, corrió con la misma suerte y sobrevivió a esta tragedia, pero sus dos hermanos, de 2 y 5 años, así como su mamá, siguen desaparecidos. El drama de la familia Jaimes es el drama de Santander. La avenida torrencial dejó incomunicado el 80% de los municipios, 5 personas fallecidas, 4 personas desaparecidas, 1.077 personas danmificadas, 23 viviendas destruidas e incalculables pérdidas económicas. Esta situación se verá reflejada negativamente en los indicadores de competitividad del departamento.
El riesgo de este desastre no era ajeno: el 51% del departamento se encuentra en amenaza alta de ocurrencia de deslizamientos (Servicio Geológico Colombiano). Asimismo, según el IDEAM, Santander es el cuarto departamento con el mayor número de eventos hidrometeorológicos e hidroclimáticos y su tendencia muestra un aumento significativo. Entre 1985 y 2015, se han presentado 832 inundaciones, 452 incendios forestales y 421 deslizamientos.
A este panorama hay que sumarle que Santander cuenta con una precaria infraestructura vial al ocupar el deshonroso puesto 28 entre 33 regiones y que su tasa de deforestación es una de las más altas en el país, lo que lo ubica al final de la tabla, en el puesto 25, según el índice departamental de competitividad. Para rematar, la capacidad en el manejo de desastres es muy limitada, pese al esfuerzo de los héroes que hacen parte de los organismos de socorro. Los fondos de gestión del riesgo cuentan con presupuestos ínfimos y los planes de gestión del riesgo se concentran en acciones reactivas y se deja a un lado el conocimiento del riesgo y su reducción. “Dios perdona, pero la naturaleza no”.
No es momento de culpas, es momento de análisis y acción. Es necesario promover mayor conciencia en la ciudadanía sobre cómo mitigar el riesgo (por ejemplo, no botando basura en las alcantarillas); revisar el desempeño de las autoridades ambientales; la unión entre la dirigencia política y empresarial para sentar una voz fuerte ante el gobierno nacional; actualizar los planes de ordenamiento territorial incluyendo estudios de amenazas y vulnerabilidad; y formular planes de desarrollo pertinentes.
