La crisis de Metrolínea es posiblemente el mayor desafío que tienen los cuatro alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB). Ante su deficiente servicio, el uso de la moto, del vehículo particular y del transporte ilegal ha aumentado generando mayores costos, tráfico e inseguridad para los habitantes del AMB. Aproximadamente el 50% de los usuarios de Metrolínea corresponden a Bucaramanga, 30% a Floridablanca y el 20% a Piedecuesta. Girón está pendiente por ingresar al Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).
Según la encuesta del programa Cómo Vamos con corte a 2019, Metrolínea es el medio de transporte con el menor nivel de satisfacción con un 48%, mientras que otros medios, como el transporte informal, pirata, taxi, moto y el vehículo particular, alcanzan niveles superiores al 80%. Desde el 2014, el SITM muestra una tendencia en la pérdida de usuarios al alcanzar una reducción del 26% en 2019 (88.000 validaciones diarias promedio año vs. 120.000 en 2014). Esto significa que en 2019 los ciudadanos optaron en más de 9,5 millones de ocasiones por otro medio de transporte. En 2020, el desplome es aún más preocupante producto de la pandemia.
La información sobre puntos de recarga, rutas, estaciones, tiempos de los trayectos y frecuencias es precaria o inexistente. Algunos puntos de recarga no están abiertos o se encuentran abandonados, no hay mapas de señalización e información disponible está desactualizada. Para montarse al bus a veces toca pedirle a algún pasajero para que venda un tiquete a un mayor precio. Los usuarios no dudan en mostrar su malestar, a los conductores no se les paga a tiempo e incluso deben descansar en casetas hechizas.
Esta situación es el resultado de un sistema mal diseñado y de la acumulación de decisiones inadecuadas. Desde su entrada en operación en 2010, el SITM ha arrojado un déficit acumulado de más de 46.000 millones. A los actores del sistema se les deben 36.000 millones, las condenas pendientes de pago suman 296.000 millones y los procesos judiciales en curso alcanzan los 124.000 millones. Una entidad en tal situación jurídica, administrativa y financiera requiere decisiones apremiantes y contundentes. No se puede retroceder a la guerra de centavo. Es el momento de generar una conversación incluyente bajo el liderazgo de los alcaldes del AMB para reconstruir un sistema de movilidad eficiente, confiable, seguro y enfocado en el usuario.
