Jorge Mario Velásquez.Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO
Hace pocas semanas, un grupo de presidentes de empresas estadounidenses, organizado alrededor del Business Round Table –BRT, por sus siglas en inglés–, emitió una declaración muy significativa dentro de la honda tradición del movimiento empresarial norteamericano.
En ella sostienen que el papel de la empresa privada va más allá de la simple función de generar utilidades y, en ese orden de ideas, explican que tiene la responsabilidad de impactar al conjunto de la sociedad donde ejerce dicha función. Muchas voces –y con razón– celebraron ese anuncio.
Esta y otras declaraciones recientes me animan a escribir unas líneas para reflexionar sobre el papel de la empresa privada en Colombia. No son pocas las ocasiones en que resultan cuestionados el papel de la empresa privada en la construcción de bienestar social, así como su manera de participar en las discusiones nacionales mas trascendentales.
Colombia ha formado una base empresarial amplia, de más de 1’750.000 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas. Esa sólida base representa múltiples sectores, desde la minería y la agricultura hasta la industria, el comercio y los servicios. Tiene presencia no solo nacional sino internacional, y lleva la bandera del país en alto, demostrando todo aquello que los colombianos podemos hacer en el exterior.
Es propiedad de personas, familias, fondos de pensiones nacionales e inversionistas institucionales nacionales y extranjeros, convencidos de la necesidad de llevar a cabo la actividad empresarial de una forma responsable con la sociedad y con el planeta, con el fin de generar las mejores oportunidades para elevar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. La experiencia del vecindario, donde en ocasiones esas oportunidades le han sido coartadas a la iniciativa privada, nos da la razón.
En el programa de microalgas, Cementos Argos ha invertido a la fecha cerca de 3.000 millones de pesos. La mitad se ejecutará en la validación industrial.
Esos cientos de miles de empresas generan empleo digno y formal, pagan impuestos, luchan por sobrevivir en un ambiente competitivo dinámico y uno regulatorio no pocas veces hostil.
Pero, además, casi siempre se preocupan por impactar positivamente la sociedad, y lo hacen por convicción y conscientes de un axioma sencillo según el cual si a la sociedad le va bien, a las empresas también.
Esa característica, que en la organización que lidero llamamos ‘trascendencia’, significa ir más allá del resultado económico para impactar la sociedad de manera positiva de múltiples maneras.
Por fortuna, esa convicción ha estado presente en la mente de la gran mayoría del empresario colombiano desde hace décadas.
Ese empresario ha estado y está presente hoy en la construcción de innumerables obras de beneficio común y relevantes instituciones: desde hospitales, museos, universidades, centros de investigación e innovación hasta la intervención diaria en el mejoramiento de un barrio, de una escuela, o en la atención directa de una necesidad comunitaria.
Ese empresario ha fundado, fondeado y liderado los mas relevantes organismos de pensamiento y fundaciones: Fedesarrollo, las fundaciones Empresarios por la Educación e Ideas para la Paz, el Consejo Privado de Competitividad, ProBogotá, ProAntioquia, ProBarranquilla, la FDI, entre muchas otras, donde todos los días representantes del sector privado de distintas regiones lideran amplias y constructivas discusiones sobre cómo ayudar a construir un mejor país.
Esas organizaciones acompañan y alimentan el diseño de buenas políticas públicas, sin interés particular distinto al de sacar adelante una mejor nación para todos los colombianos. Esa es una buena forma de ejercer el liderazgo institucional empresarial, donde difícilmente hoy unos pocos pueden atribuirse la representación de tan amplia base.
Ese empresario también ha estado presente físicamente en nuestro país a pesar de la violencia que lo ha afectado. Ese empresario –y en muchas ocasiones, sus familias– han sido víctima de secuestros, extorsiones y amenazas, y han pagado un alto precio por permanecer en el territorio, generando empresa, en vez de volar con sus inversiones a otra parte.
En ese campo, no son pocos los nombres que me vienen a la memoria. Quizás hay un pecado que hemos cometido con excesiva constancia: no hemos sabido comunicar los múltiples beneficios que nuestras actividades le aportan al país.
Mi reflexión no tiene carácter defensivo ni mucho menos instigar a una confrontación.
Carece de intención política y solo pretende que sigamos construyendo una mejor nación desde el ejercicio de la empresa privada responsable: que permanezcamos en Colombia, que creamos en nuestro talento, que sigamos apoyando a nuestros gobernantes desde el aporte desinteresado de iniciativas y de las muy necesarias veeduría y crítica constructiva, y que sigamos adelante, con tenacidad, en el ejercicio empresarial que balancea el desempeño económico, con el impacto positivo en la gente, en el conjunto de la sociedad y en el cuidado del planeta.
Jorge Mario Velásquez.Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO
Hace pocas semanas, un grupo de presidentes de empresas estadounidenses, organizado alrededor del Business Round Table –BRT, por sus siglas en inglés–, emitió una declaración muy significativa dentro de la honda tradición del movimiento empresarial norteamericano.
En ella sostienen que el papel de la empresa privada va más allá de la simple función de generar utilidades y, en ese orden de ideas, explican que tiene la responsabilidad de impactar al conjunto de la sociedad donde ejerce dicha función. Muchas voces –y con razón– celebraron ese anuncio.
Esta y otras declaraciones recientes me animan a escribir unas líneas para reflexionar sobre el papel de la empresa privada en Colombia. No son pocas las ocasiones en que resultan cuestionados el papel de la empresa privada en la construcción de bienestar social, así como su manera de participar en las discusiones nacionales mas trascendentales.
Colombia ha formado una base empresarial amplia, de más de 1’750.000 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas. Esa sólida base representa múltiples sectores, desde la minería y la agricultura hasta la industria, el comercio y los servicios. Tiene presencia no solo nacional sino internacional, y lleva la bandera del país en alto, demostrando todo aquello que los colombianos podemos hacer en el exterior.
Es propiedad de personas, familias, fondos de pensiones nacionales e inversionistas institucionales nacionales y extranjeros, convencidos de la necesidad de llevar a cabo la actividad empresarial de una forma responsable con la sociedad y con el planeta, con el fin de generar las mejores oportunidades para elevar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. La experiencia del vecindario, donde en ocasiones esas oportunidades le han sido coartadas a la iniciativa privada, nos da la razón.
En el programa de microalgas, Cementos Argos ha invertido a la fecha cerca de 3.000 millones de pesos. La mitad se ejecutará en la validación industrial.
Esos cientos de miles de empresas generan empleo digno y formal, pagan impuestos, luchan por sobrevivir en un ambiente competitivo dinámico y uno regulatorio no pocas veces hostil.
Pero, además, casi siempre se preocupan por impactar positivamente la sociedad, y lo hacen por convicción y conscientes de un axioma sencillo según el cual si a la sociedad le va bien, a las empresas también.
Esa característica, que en la organización que lidero llamamos ‘trascendencia’, significa ir más allá del resultado económico para impactar la sociedad de manera positiva de múltiples maneras.
Por fortuna, esa convicción ha estado presente en la mente de la gran mayoría del empresario colombiano desde hace décadas.
Ese empresario ha estado y está presente hoy en la construcción de innumerables obras de beneficio común y relevantes instituciones: desde hospitales, museos, universidades, centros de investigación e innovación hasta la intervención diaria en el mejoramiento de un barrio, de una escuela, o en la atención directa de una necesidad comunitaria.
Ese empresario ha fundado, fondeado y liderado los mas relevantes organismos de pensamiento y fundaciones: Fedesarrollo, las fundaciones Empresarios por la Educación e Ideas para la Paz, el Consejo Privado de Competitividad, ProBogotá, ProAntioquia, ProBarranquilla, la FDI, entre muchas otras, donde todos los días representantes del sector privado de distintas regiones lideran amplias y constructivas discusiones sobre cómo ayudar a construir un mejor país.
Esas organizaciones acompañan y alimentan el diseño de buenas políticas públicas, sin interés particular distinto al de sacar adelante una mejor nación para todos los colombianos. Esa es una buena forma de ejercer el liderazgo institucional empresarial, donde difícilmente hoy unos pocos pueden atribuirse la representación de tan amplia base.
Ese empresario también ha estado presente físicamente en nuestro país a pesar de la violencia que lo ha afectado. Ese empresario –y en muchas ocasiones, sus familias– han sido víctima de secuestros, extorsiones y amenazas, y han pagado un alto precio por permanecer en el territorio, generando empresa, en vez de volar con sus inversiones a otra parte.
En ese campo, no son pocos los nombres que me vienen a la memoria. Quizás hay un pecado que hemos cometido con excesiva constancia: no hemos sabido comunicar los múltiples beneficios que nuestras actividades le aportan al país.
Mi reflexión no tiene carácter defensivo ni mucho menos instigar a una confrontación.
Carece de intención política y solo pretende que sigamos construyendo una mejor nación desde el ejercicio de la empresa privada responsable: que permanezcamos en Colombia, que creamos en nuestro talento, que sigamos apoyando a nuestros gobernantes desde el aporte desinteresado de iniciativas y de las muy necesarias veeduría y crítica constructiva, y que sigamos adelante, con tenacidad, en el ejercicio empresarial que balancea el desempeño económico, con el impacto positivo en la gente, en el conjunto de la sociedad y en el cuidado del planeta.
